“Total impunidad”: cómo operaban un exjuez y unexfiscal de Neuquén durante la última dictadura

“No pudo haber Duarte sin Ortiz y viceversa, el tándem tenía que ser fiscal y juez. No había ninguna duda que estaban puestos ahí para asegurar impunidad”, sostuvo anteayer el fiscal general Miguel Palazzani en la continuidad de su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén en la causa seguida al exjuez Pedro Laurentino Duarte y al exfiscal Víctor Marcelo Ortiz, imputados por crímenes de lesa humanidad en el trámite de los habeas corpus y en las denuncias por secuestros e imposición de tormentos respecto de 23 víctimas del terrorismo de Estado.

En la jornada, que se extendió por más de seis horas, el representante del Ministerio Público Fiscal se centró en el análisis de los procesos de habeas corpus iniciados por familiares de las víctimas y sobre el rol del exjuez Duarte y su vínculo con el Ejército. El viernes 27 de septiembre se reanudará el juicio con la última parte de la exposición de la fiscalía, que culminará con el pedido de penas para los acusados.

El imputado Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras que Ortiz ejerció como procurador fiscal federal de la Fiscalía Federal ante aquel órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1° de abril de 1985. Antes de ejercer aquellas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

Ambos llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político. Duarte también está imputado por el delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

Habeas corpus

La audiencia de este miércoles 18 constituyó la continuidad de la acusación, que había iniciado en la jornada de debate del 26 de agosto pasado. La fiscalía avanzó sobre los últimos hechos que le faltaba evaluar y se centró en el análisis de distintos habeas corpus que presentaron los familiares de José Delineo Méndez, Orlando Cancio, Miguel Pincheira y Javier Seminario Ramos, víctimas de los sucesos que se investigan.

“Este grupo de casos nos muestra la desesperación de los familiares, que no tenían respuesta, no eran citados y encima les cobran las costas del proceso”, valoró el fiscal. “Exigirle [el pago de] costas a una mamá, que ni siquiera citaste a declarar después de que presentó un habeas corpus por su hijo, es tener sensación de total impunidad”, agregó.

Asimismo, indicó que “no sólo no se tomaron medidas para ubicar a las víctimas, sino que el mensaje de todo esto era que se podía seguir haciendo lo que se estaba haciendo con total impunidad, con el aseguramiento de que no iba a haber investigación efectiva y que nadie estaba en riesgo”.

El rol del exjuez Duarte

Por otra parte, la fiscalía se centró en el rol de Duarte y en su vínculo con el Ejército. Palazzani indicó que durante el juicio el imputado se quiso “posicionar como alguien que desembarca en agosto de 1976 en el juzgado federal sin enterarse de nada, sin tener relación con nadie y comparándose con otros jueces que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron”.

“Obviamente no tenemos esa ingenuidad y candidez para creer esa versión, cuando estuvo 15 años en el Ejército siendo el asesor legal que dependía del comandante”, sostuvo.

“Es importante que entendamos que el vínculo de Duarte con el Ejército no es que se conservó espiritualmente como dice él, sino que hay un vínculo legal con deberes y derechos”, señaló.

Por otra parte, Palazzani aludió al cambio en el comportamiento procesal del exjuez a partir de 1982. En tal sentido, describió que, luego de que en años anteriores había sobreseído o rechazado los habeas corpus y las denuncias de los secuestros sin ordenar tareas investigativas, “Duarte intentó lavarse su imagen librando oficios”. Ese cambio, indicó el fiscal, se produjo “en el contexto de retirada de la dictadura militar y de avance del proceso de verdad, memoria y de justicia, que reclamaban los organismos de derechos humanos y los familiares”.

El fiscal destacó que, tras la restauración del Estado de derecho, los familiares pidieron la remoción de Duarte, con el envío de cartas documento al ministro de Justicia Carlos Alconada Aramburú a partir de enero de 1984. “Los acusamos de incumplimiento de los deberes propios de su cargo y como cómplices y encubridores de los delitos de secuestros y presuntos asesinatos de 15 ciudadanos detenidos en Neuquén por las Fuerzas Armadas en 1976 y que aún permanecen desaparecidos”, leyó Palazzani la misiva en la que también se denunciaba la actuación del fiscal Ortiz.

El fiscal se refirió por último al cese de Duarte como juez federal el 30 de septiembre de 1984. Al respecto indicó que “la ley 22.940 lo premió con una jubilación millonaria de absoluto privilegio” y que “esa jubilación era el premio por lo que había hecho”. “Lo cierto es que desde ese momento hasta hoy vienen cobrando una jubilación millonaria”, finalizó Palazzani.

Fuente: Fiscales