El Frente de Todos aprobó este miércoles el presupuesto de 2023 con respaldo de los partidos provinciales y la división de Juntos por el Cambio: como anticipó LPO lo apoyaron los bloques radicales (UCR y Evolución), se abstuvo el PRO y la Coalición Cívica votó en contra.

La ley obtuvo 180 votos, 22 abstenciones y 49 negativos. El oficialismo tuvo que retirar el artículo que prorrogaba las retenciones a las exportaciones y la oposición sí se unió para rechazar el que gravaba con Ganancias a los jueces, como había anticipado este medio.

Juntos por el Cambio se mostró fracturado de principio a fin de la sesión y sólo logró unificarse para rechazar algunos artículos. Los radicales ayudaron con el quórum, aun cuando el Frente de Todos no tenía todas sus bancas ocupadas.

Los primeros opositores que ingresaron al recinto fueron Danya Tavella, Carla Carrizo y Emiliano Yacobitti, de Evolución radical, el bloque identificado con Martín Lousteau. Luego entró el jujeño radical Jorge Rizzotti, cercano al gobernador Gerardo Morales, y lo siguieron el cordobés Víctor Romero y el bonaerense Miguel Bazze, también de la UCR.

Para ese entonces habían ocupado sus bancas los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez, miembros del interbloque federal, que integran además 3 cordobeses y 3 peronistas bonaerenses. Desde el lunes apagaron los teléfonos cuando supieron de la rebelión interna en JxC, que los colocaba cómo artífices de la mayoría.

La ayuda opositora llegó antes de la media hora de tolerancia para el quórum y cuando algunos oficialistas no habían llegado, como Máximo Kirchner. Otros ni siquiera acompañaron luego el presupuesto, como Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, de la CCC, incómodos con los recortes a las partidas sociales. No les alcanzaron las correcciones de comisión.

Los diputados del PRO recién pisaron el recinto con la sesión empezada, pero a los pocos minutos informaron a través de un comunicado que en la votación general se abstendrían, un recurso para garantizar el quórum sin votar.

Destacaron dos incorporaciones del oficialismo para quedarse en el recinto y no bloquear el articulado: la cláusula gatillo que obligará a Massa a definir por ley los gastos de sus excedentes y una restricción mayor para nombrar empleados en el último año de gobierno, con informes mensuales desde enero. También se incorporó una “cláusula de transparencia” para informar la tarea de las empresas públicas, otro reclamo recurrente del macrismo. Fueron artículos que se votaron a mano alzada, sin disidencias.

 

Los diputados de Juntos, Juan Carlos López, María Eugenia Vidal y Maximiliano Ferraro.

La Coalición Cívica jugó a bloquear: no entró a la hora de citación y votó en contra. “El año pasado no estábamos de acuerdo con votar en contra, porque se estaba negociando el acuerdo con el FMI”, se justificó el presidente de ese partido Juan López.

Cuestionó  las variables del presupuesto (inflación de 60%, dólar a casi $270 a fin de 2023, déficit del 1.9 del PIB y crecimiento de 2%), que fueron calificadas de “realistas” por el resto de Juntos durante el debate en comisión. “Nadie puso en cuestionamiento la orientación general de este presupuesto”, destacó al final de la sesión el jefe del oficialismo Germán Martínez.

Otra demanda de López fue no haber aprovechado la separata que incorporó Massa con 2.5 del pib de exenciones fiscales para planear recortes.

La coalición cívica presentó un proyecto para eliminar el régimen de promoción de Tierra del Fuego y no fue aceptado. Está incluído en ese apartado la excención de Ganancias a jueces que la oposición no aceptó revisar.

Tanta fue la tensión interna en Juntos por el Cambio que las autoridades de bancada no querían hablar al cierre de la sesión, como se acostumbra. El único que se animó fue Rodrigo De Loredo, de Evolución. Sin jefes ni mesa de conducción del interbloque, los referentes habían cruzado diálogo estos días por zoom y chats para conciliar posiciones en una reunión previa a la sesión.

De esa manera, el Gobierno logró aprobar el presupuesto en Diputados con la misma composición que rechazó el de este año en diciembre, pero con otras autoridades en Economía y en la Cámara baja . “Fui el primer presidente de esta casa al que le rechazaron el presupuesto en la cara”, ironizó Massa cuando presentó el de este año.

Este miércoles siguió la sesión desde el recinto junto a su equipo económica y su sucesora Cecilia Moreau, celebró volver a dar el aprobado a un presupuesto desde el estrado principal. “Es la primera mujer en la historia en presidir la Cámara baja y logró los acuerdos necesarios”, destacó en un comunicado.

Los liberales Javier Milei y Victoria Villarruel se fueron en la votación en particular y le permitieron al Gobierno aprobar varios artículos rechazados por el resto de la oposición, como la tasa de aviación que se cobrará para financiar la policía de seguridad aeroportuaria.

La unidad de JxC en la votación en particular alcanzó para voltear los dos artículos más polémicos, pero no para detener la prórroga del blanqueo a la construcción, que fue avalada por los federales. También fue aprobado el beneficio impositivo al sindicato de camioneros, sólo rechazado por JxC y José Luis Espert. Y el aumento a los impuestos internos a productos electrónicos, fabricados en el país o importados, propuesto por los fueguinos para resistir a la presión contra su promoción.

Los liberales Javier Milei y Victoria Villarruel se fueron en la votación en particular y le permitieron al Gobierno aprobar estos artículos, rechazados por el resto de la oposición, como también la tasa de aviación que se cobrará para financiar la policía de seguridad aeroportuaria.

“Les pedimos que vengan. Podemos ganar la votación”, se indignó López cuando se estaba por votar el artículo que prorrogaba las retenciones y temía perder. Luego los acusó de haber permitió un aumento en los pasajes aéreos, que será de un tope de 250 pesos. “Yo no puedo pedirle a la policía chequear si se fueron”, ironizó Cecilia Moreau.

Carlos Heller retiró el artículo para prorrogar retenciones por pedido del coordinador de los federales Alejandro “Topo” Rodríguez y del radical Ricardo Buryaile.

El PRO no reiteró la propuesta que había acercado en comisión: bajar 3 puntos las retenciones de soja (de 33 a 30), pero extender todo el sistema de derechos aduaneros por 5 años, un traje a medida para el próximo Gobierno.

 

Se cayó el impuesto a los jueces y Massa logró aprobar el presupuesto con apoyo de los radicales

Heller aclaró que las retenciones seguirán igual, porque según la interpretación del Gobierno, los derechos aduaneros no variarán y están vigentes con la prórroga del presupuesto actual. Hay presentaciones judiciales que indican lo contrario y en Gobierno entendieron que rechazar una prórroga los hubiera perjudicado.

El artículo que gravaba Ganancias a los jueces sí se votó, pese a un pedido de la UCR para retirarlo y evitar el registro de votación. Como anticipó LPO, el oficialismo prefería perder y exponer los altos salarios de los magistrados.

Y así lo hizo: durante la sesión el oficialista Rodolfo Tailhade detalló los abultados patrimonios del procurador Eduardo Casal y los jueces Mariano Borinsky y Pablo Bertuzzi.

En JxC propondrán una agenda de debate sobre todas las excepciones de Ganancias, que además de jueces incluyen a organismos de control, como la auditoría y las defensorías. Pero nadie quiso anticiparlo en el recinto. Espert votó en contra pero pidió una ley para resolver como cumplir el principio de igualdad y el de intangibilidad de los ingresos de los jueces, ambos consagrados en la Constitución.

Sí defendió que los jueces no paguen impuestos Graciela Camaño. “La Constitución no tiene ninguna contradicción, sino que garantiza que los jueces no sean bajo ningún punto de vista condicionados. No tengan dependencia ni del Poder Ejecutivo ni Legislativo. La solución es la ley que nos rige”. Se refiere a la aprobada en 2017 que grava a los jueces entrantes.

Los radicales lograron otras modificación del artículo que responsabiliza a las provincias por las deudas de las distribuidoras de energía a la mayorista Cammesa: habrá 90 días de readecuación tarifaria para pagar.

La JxC también se unió y logró eliminar el artículo que crea el Fondo nacional de tecnología sanitaria de muy alto precio.

No pudo bajar el aumento del componente de obra social a los monotributistas. “Es una estafa: la mayoría de las obras sociales no te aceptan y descuentan igual”, denunció Martín Tetaz, de Evolución.

Molestos por las denuncias de ajuste en los gastos educativos, el oficialismo propuso una garantía de 1.33 del PIB para ese rubro, que Juntos no aceptó.

“Para nosotros este presupuesto llega a ese porcentaje”, minimizó Heller, pero en JxC se turnaron para cuestionarlo y pidiendo más tiempo. “Podemos garantizar que los gastos no sean mayores a 2023”, propuso Martín Tetaz de Evolución.

El radical Rubén Barletta, ex rector de la Universidad del Litoral, recordó que ya hay un compromiso de 6% del pib en inversiones educativa en todos los niveles y rara vez se cumple. Pero Hugo Yasky no lo aceptó y se votó a mano alzada a favor. Y así el próximo gobierno no podrá bajar el gasto educativo.