Según precisó el Ministerio de Educación porteño en un comunicado, “cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la Ciudad decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas”.
En tal sentido, agregó que la Procuración General de la Ciudad ya realizó “25 denuncias penales a 366 adultos responsables”.
“Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”, señaló la titular de la cartera educativa local, Soledad Acuña.
El Ministerio también envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que “cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas”.
Como consecuencia de este informe ya están “en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85”, detalló la cartera de educación.
A fines de septiembre, estudiantes secundarios de 11 escuelas porteñas decidieron tomar los establecimientos en reclamo de mejoras en la infraestructura escolar, en las viandas y en contra de las prácticas laborales en empresas.
La medida de fuerza duró varios días, de acuerdo a las distintas asambleas que realizaban los estudiantes en cada escuela, además de las tomas otras 15 escuelas mantuvieron actividades y manifestaciones con base en los mismos reclamos.
